Por Raúl Benítez Ortega 06-06-2026
Este fin de semana pasado, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a través de sus plataformas digitales que el 7 de agosto, día de su posesión, firmará el decreto de creación del «Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana». La medida, que convoca a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, se presenta como la «más grande operación de seguridad urbana en Colombia» y forma parte de la estrategia bandera de su campaña denominada «Patria Milagro».
Este anuncio no puede ser analizado como una medida aislada de política pública. Constituye el primer acto concreto de un proyecto político que durante la campaña se definió a sí mismo en términos beligerantes: la promesa de «destripar» a la izquierda, de impulsar una «guerra contracultural» y de revertir las transformaciones sociales impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro. Es, en su esencia, el inicio de una contrarreforma que amenaza con desmantelar los avances en materia de paz, derechos humanos y justicia social logrados en los últimos años.
Los Alcances de las Amenazas: Más Allá de la Retórica
La «guerra contracultural» como eje del proyecto
De la Espriella ha declarado explícitamente su admiración por la «batalla cultural contra el wokismo» del presidente Donald Trump y ha afirmado que enfrentará la «ideología de género» si llega al poder. Esta guerra contracultural, según sus propias palabras, es «una respuesta directa a lo que considera una guerra orquestada por ideologías foráneas y la izquierda radical contra los principios y valores fundacionales de la nación».
Esta retórica no es inocua. Implica la criminalización de la diferencia: Las identidades diversas, los movimientos feministas, las comunidades LGBTIQ+ y las luchas por la equidad son presentadas como amenazas externas a la nación.
En adición, la diversidad de visiones políticas, religiosas y culturales es reducida a una «guerra» que debe ser ganada mediante la imposición de una sola narrativa que nos regresa al unanimismo promovido a comienzos de este siglo por quien sentó las bases para la criminalización del disenso, la censura y la unificación narrativa en los medios de comunicación a favor de los intereses del poder como estado de opinión. En tal sentido, las instituciones del Estado serían instrumentalizadas y utilizadas no para garantizar derechos, sino para imponer una visión particular del orden social
El desmonte de la «Paz Total» y la vuelta a la seguridad militarizada
De la Espriella ha anunciado el desmonte de la política de «Paz Total» del gobierno de Petro. Ha afirmado que «la Patria Milagro no tolerará más impunidad ni territorios entregados» y que «los violentos tendrán un solo camino: sometimiento a la justicia o todo el peso legítimo del Estado». Ha ordenado reactivar todas las órdenes de captura que se habían levantado en el marco de los diálogos de paz y ha asegurado que «no habrá más concesiones».
Este giro implica la ruptura de los diálogos de paz: Se abandona la vía del diálogo como mecanismo de resolución del conflicto armado, en favor de una solución militar. Las personas que han manifestado su intención de someterse a la justicia serán judicializadas lo que deslegitima los procesos de sometimiento a la justicia transicional. El retorno a la importada doctrina de la «seguridad nacional» se concibe nuevamente como un asunto exclusivamente militar, en detrimento de la seguridad humana integral.
La contrarreforma social y económica
Igualmente, ya se percibe la reversión de las reformas sociales, eliminando los avances en materia de protección social, salud pública y educación gratuita. Lo que conduce al mismo tiempo a la profundización de la concentración de la riqueza y la reducción de la inversión social.
