La comunicación comunitaria y alternativa en Bogotá ha sido históricamente un espacio de resistencia, creatividad y participación ciudadana.
En este contexto, la propuesta de la campaña de Omar Garzón se presenta como una oportunidad para fortalecer y consolidar estos medios como actores fundamentales en la construcción de una democracia más inclusiva y plural.
A partir de las conclusiones y recomendaciones del informe “Lo Alternativo y lo Comunitario de la Comunicación en la Política Pública de Bogotá: Bases Jurídicas, Criterios de Evaluación y Reforma Normativa para una Gobernanza Democrática del Espacio Mediático”1 se puede analizar cómo la campaña de Garzón busca transformar el panorama mediático de la ciudad, teniendo en cuenta que los medios comunitarios y alternativos no deben ser considerados como una externalidad del sistema de medios, sino como expresiones legítimas de ciudadanía comunicativa y cultura democrática.
En este sentido, la campaña de Garzón propone un enfoque que reconozca a estos medios como sujetos de derecho público, con autonomía, función social y garantías institucionales.
Esta perspectiva busca garantizar que los medios comunitarios tengan las condiciones necesarias para operar de manera sostenible y efectiva, promoviendo la diversidad y pluralidad en el espacio mediático de Bogotá.
El análisis del marco normativo actual revela vacíos en enfoque, integración y operatividad, lo que limita la efectividad de las políticas públicas en materia de comunicación comunitaria.
La candidatura de Omar Garzón a la Cámara de Representantes en la Consulta del Pacto Histórico, propone que esa reforma normativa transite desde el reconocimiento simbólico hacia una arquitectura institucional garante, participativa y coherente con las exigencias contemporáneas de pluralismo informativo, inclusión cultural y sostenibilidad social.
Esta reforma busca establecer un nuevo paradigma legal y político que fortalezca la gobernanza democrática de los medios de comunicación comunitarios y alternativos.
Las metodologías de evaluación dominantes, basadas en indicadores cuantitativos como cobertura o rating, no reflejan adecuadamente la dimensión territorial, participativa, pedagógica y cultural de los medios comunitarios.
En el informe realizado por Ana María Guerrero y Raúl Benítez Ortega se subraya la necesidad de una política pública que integre nuevas tipologías, indicadores, criterios de fomento y mecanismos de participación comunitaria vinculante.
Garzón promueve, discute, desde hace más de quince años, como otros, una transformación estructural en la política pública de comunicación de Bogotá, enfocada en reconocer y fortalecer los medios comunitarios y alternativos como actores clave en la democracia territorial.
Su propuesta busca garantizar el derecho colectivo a comunicar, narrar y transformar desde los territorios, pasando de un enfoque simbólico a uno estructural y garantista.
La candidatura de Omar Garzón se presenta como una iniciativa integral que busca implementar la Política Pública de Comunicación Comunitaria en Bogotá, reconociendo y fortaleciendo a los medios comunitarios y alternativos como actores clave en la construcción de una democracia más inclusiva y participativa.
A través de la reforma normativa, la evaluación ética, la promoción de la participación comunitaria y el fomento de la sostenibilidad financiera, aspira a consolidar un ecosistema mediático diverso y plural que refleje la riqueza cultural y social de los territorios de Bogotá.
Podemos concebir la candidatura de Omar Garzón como un laboratorio de políticas públicas en acción, donde cada actividad en territorio funciona como una unidad de intervención comunicativa —una estación de radio local, un colectivo cultural, una veeduría—.
La campaña legislativa de Omar Garzón se sustenta en pilares fundamentales que buscan transformar la realidad distrital desde la acción y el territorio.
En primer lugar, apuesta por un Presupuesto con Enfoque Local, promoviendo la aprobación de una Ley de Transferencias con Enfoque Territorial que garantice distribución equitativa de recursos en seguridad, educación e infraestructura, priorizando las necesidades propias de cada localidad.
Adicionalmente, propone que la creación del Fondo de Desarrollo para Emprendimientos Locales (FONDEL), sea una iniciativa legislativa destinada a cofinanciar, mediante regalías o recursos del Sistema General de Participaciones, los proyectos emprendedores de las alcaldías locales, orientados a fortalecer la economía popular y las MIPYMES.
Otro eje clave es la Ley de Entornos Escolares Seguros, que destinaría inversiones específicas para mejorar infraestructura, iluminación y seguridad dentro de un radio de 500 metros de las instituciones educativas, comenzando por las públicas de Bogotá.
En paralelo, impulsa una Ley de Juventud con Oportunidades Reales, que promueve un sistema de pasantías y primer empleo con incentivos tributarios para empresas que contraten jóvenes de la ciudad, al tiempo que fortalece la formación técnica digital del SENA.
En materia de democracia participativa, la Ley de Participación y Control Ciudadano busca reformar el marco legal para otorgar herramientas reales de fiscalización, fortaleciendo veedurías ciudadanas y presupuestos participativos.
La Ley de Movilidad Barrial, por su parte, asignaría recursos para mejorar vías terciarias, andenes y ciclorrutas en barrios periféricos, con énfasis en la conectividad peatonal y transporte no motorizado.
Finalmente, la campaña incluye la Ley Nacional de Seguridad Social para Artistas y Creadores – «Crea con Dignidad», que plantea un régimen especial de seguridad social para el sector artístico, construido junto a gremios culturales en mesas de trabajo en espacios emblemáticos de Bogotá.
La intersección entre la reforma normativa actual propuesta y la campaña política de Omar Garzón en Bogotá evidencia que la comunicación no puede separarse de la política estructurante.
La legitimidad de los medios comunitarios y de las prácticas políticas locales depende del reconocimiento institucional —como sujetos de derecho— y de su capacidad de construir ciudadanía desde abajo.
En última instancia, «Bogotá Tiene la Palabra» “Hechos, no palabras” es una invitación tangible a que la ciudad reconozca el valor de esos espacios de mediación, participación y transformación como ingredientes necesarios de una democracia plena. La reforma normativa no es un paso aislado, sino el sendero por el que deben transitar voces concretas, de carne y hueso, que hoy están dispuestas a narrar su propio futuro.
Además de su propuesta para transformar la política pública de comunicación en Bogotá, Omar Garzón promueve una serie de iniciativas orientadas a fortalecer la participación ciudadana, reducir las desigualdades y fomentar la inclusión social.
A continuación, se detallan algunas de estas propuestas:
1. Fortalecimiento de la participación ciudadana
Garzón aboga por una mayor inclusión de los medios comunitarios y alternativos en los procesos de divulgación y comunicación de la Administración Distrital, y según la Política Pública de Comunicación Comunitaria, la cual hace algunos días ha sido suspendida por el Consejo de Estado, también las entidades del distrito deben asignar al menos el 33% de sus presupuestos destinados a programas de divulgación y comunicación a medios comunitarios y alternativos legalmente inscritos en el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal (IDPAC).
2. Implementación de la Ley de Medios
Garzón propone avanzar en la implementación de la Ley de Medios para fortalecer los medios alternativos, comunitarios, ciudadanos y populares.
Esta ley permitiría cambiar las asimetrías regulatorias existentes, garantizar la accesibilidad a internet y asegurar el derecho pleno a la información y la comunicación.
Esta iniciativa se alinea con los principios del Informe MacBride de la UNESCO, que advierte sobre los daños a las democracias causados por los monopolios mediáticos y la necesidad de democratizar la propiedad de los medios para lograr una mayor diversidad de voces y audiencias.
3. Articulación con el Acuerdo de Paz
La propuesta de Garzón también busca integrar los elementos del Acuerdo de Paz relacionados con la comunicación comunitaria y alternativa en los programas del Plan de Desarrollo de Bogotá.
Esto implica promover la participación política de organizaciones y movimientos sociales, particularmente de mujeres, jóvenes y sectores excluidos, garantizando su acceso a espacios de difusión en los medios de comunicación.
Esta acción contribuiría a la construcción de una paz estable y duradera, fortaleciendo la democracia y la inclusión social en la ciudad.
4. Consolidación de la comunicación comunitaria como herramienta de participación
Garzón reconoce la comunicación comunitaria como una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la ciudadanía y los procesos de participación.
La política pública de comunicación comunitaria y alternativa en Bogotá busca impulsar procesos de resistencia y estimular la construcción de procesos asociativos de democracia participativa.
Esta política se concibe como un medio para promover la participación activa de la comunidad en los asuntos públicos y fortalecer el tejido social en los territorios.
- Guerrero M., A. M., & Benítez Ortega, R. (Comp.). (2025, agosto 4). Lo alternativo y lo comunitario de la comunicación en la política pública de Bogotá: Bases jurídicas, criterios de evaluación y reforma normativa para una gobernanza democrática del espacio mediático [Documento compilado]. Academia y ONGD, Bogotá, Colombia. ↩︎
